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El “Plan B” electoral del gobierno, un conjunto de seis reformas que la administración de Andrés Manuel López Obrador pretendía utilizar para limitar los recursos y facultades del Instituto Nacional Electoral (INE), ha sido invalidado en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta decisión pone fin a uno de los capítulos más políticamente conflictivos del sexenio de López Obrador.
El “Plan B” se promulgó en dos partes, ambas impugnadas por los partidos de oposición a través de acciones de inconstitucionalidad. La primera parte fue invalidada por el Supremo el pasado 8 de mayo. La resolución de este jueves ha cerrado el círculo, permitiendo al INE continuar operando con sus mismos recursos, infraestructura y facultades de cara a la elección presidencial y legislativa de 2024.
La anulación total del “Plan B” ha sido el resultado de una serie de violaciones graves al debido proceso legislativo. Entre otras cosas, se aprobaron modificaciones a cientos de normas que los legisladores no tuvieron tiempo de conocer. Estas reformas fueron avaladas por la aplanadora oficialista en ambas Cámaras, conformada por Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo.
La SCJN no entró al fondo del análisis de la constitucionalidad de las reformas, sino que consideró que las violaciones al procedimiento legislativo fueron suficientemente graves para invalidar las modificaciones. Los mismos nueve ministros que votaron con este razonamiento la primera vez lo volvieron a hacer, congruentemente, en la sesión de este jueves.
La ministra Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, ambas propuestas por López Obrador a la Corte, votaron en contra de anular el “Plan B”, al considerar que las violaciones cometidas por los legisladores no tenían “potencial invalidante”, es decir, que no fueron tan graves.
El ministro Juan Luis González Alcántara replicó a Esquivel. “El estudio de los vicios del procedimiento legislativo no es nunca superficial, la forma es siempre fondo cuando no se garantiza una deliberación democrática. La deliberación es fundamental para la democracia y la libertad”, ha afirmado.
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El ministro Alberto Pérez Dayán ha defendido la importancia de vigilar el trámite de las normas, pues estas regirán la vida de toda la población. “Las violaciones que aquí se describen son patentes, y me permiten advertir infracciones a la calidad democrática en la discusión de una norma que se convierte en la regla que deberá obedecer todo el pueblo de México”, ha indicado.
En conclusión, la decisión de la SCJN de invalidar el “Plan B” electoral representa un importante revés para el gobierno de López Obrador y un triunfo para los partidos de oposición y el INE. Esta decisión garantiza que el INE podrá continuar operando con sus mismos recursos y facultades en las próximas elecciones presidenciales y legislativas de 2024.
